Escritor: Tony Phillips, Buenos Aires,
Traductora: Annette Ramos, Washington D.C.
El monto de las emisiones de deuda soberana de todas las arcas nacionales del mundo constituye un enorme mercado financiero concentrado en unas pocas divisas principales y jurisdicciones legales. El dinero que circula en estos mercados es la deuda pública (soberana) del mundo. Estos bonos o títulos son típicamente adquiridos por el sector privado, pero son en última instancia saldados (tanto el principal como los intereses) por los contribuyentes locales en los estados prestatarios. Los inversores (compradores de bonos) se benefician de los pagos periódicos de intereses y del reembolso eventual de la suma principal capital. Los bonos se consideran una inversión más segura que aquella en las empresas comerciales públicas, y a menudo los fondos de pensiones compran bonos.
O al menos así es como las cosas solían funcionar.
Al igual que muchos otros sectores de la industria de servicios financieros, los mercados de bonos también se han visto distorsionados por los derivados de riesgo y los comportamientos arriesgados que estos fomentan. A raíz de ello este sector de inversión anteriormente aburrido y conservador ha llamado la atención de los fondos de inversión libre de alto riesgo (“hedge funds”). Bienvenidos al magnífico nuevo mundo del comercio de bonos sofisticado, una nueva versión especulativa del original, añadiendo al elenco a los fondos buitres especulativos, actores experimentales con apetitos desagradables, y también destacando a los comerciantes de derivados de permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (“credit default swaps” o simplemente “swaps”), los vaqueros del oeste salvaje financiero.
La prensa financiera nos dice que el mercado mundial de bonos se enfrenta a una nueva crisis. Parecería que el tema de la incapacidad de la Troika europea [1] para arreglar la crisis de deuda soberana en la periferia ya no está de moda. La deuda soberana de EE.UU., entre doce y diecisiete millones de millones de dólares (dependiendo de cómo se calcula), constituye múltiplos de toda la deuda del Tercer Mundo, pero eso tampoco amerita la atención de la prensa financiera. Incluso la enorme relación de deuda a PIB en Japón de alrededor del 200% no hace sonar las campanas de alarma. Más bien, según los expertos financieros, la principal amenaza para el mercado de bonos del mundo es nada más y nada menos un poco menos del 8% de un pequeño bono argentino propiedad de inversores de bonos profesionales.
Capital Buitre
Los litigantes que ganaron la demanda contra Argentina en el Juzgado Federal del Distrito Meridional de Nueva York son fondos de libre inversión, conocidos en la jerga del mercado de bonos como “fondos buitres”. Los fondos buitres son los carroñeros por excelencia de los mercados secundarios de bonos, compran bajo y venden muy alto. Ya que los inversores en bonos privados no están dispuestos a pagar los márgenes buitre (alrededor de 1.600% en el caso argentino, si es que ganan), los buitres les exigen a los gobiernos que emitieron los bonos que compren de vuelta su propia deuda en mora. Los fondos buitres tienen sorprendente acceso a la prensa financiera del mundo y gastan pequeñas fortunas en abogados, a menudo contratando los mismos bufetes que elaboraron las normas para los bonos del gobierno de un principio. El incumplimiento técnico confuso de Argentina es una advertencia a otras naciones de que no traten de reestructurar la deuda, sea la deuda ilegítima (como la deuda odiosa) o no. Esta advertencia proviene de un sector financiero que está sufriendo una crisis financiera existencial de su propia creación.
Los detalles
El 13 de agosto de 2014 el incumplimiento técnico de Argentina fue confirmado por el comité de determinaciones de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés), una asociación de banca privada que funciona como la organización de cabildeo bancario más potente del mundo, al igual que como el árbitro de incumplimientos de pago tanto privados como soberanos. Se refiere al último incumplimiento de Argentina como “técnico” ya que es la primera vez que un gobierno ha tratado de realizar los pagos de intereses, pero ha sido impedido de hacerlo por una decisión legal. Detener los pagos de deuda de Argentina es a la vez un castigo a Argentina y una advertencia a los gobiernos del mundo; también significa que Argentina acumula cobros de intereses sobre sus pagos de intereses interrumpidos.
Este pago detenido fue el resultado de un fallo del juez Thomas Griesa. La ronda donde ejerce el juez Griesa es la mayor zona de comercio en bonos del planeta, comúnmente conocida como Wall Street. Wall Street cobra comisiones por cerca de dos tercios del comercio lucrativo global en bonos, y también se beneficia de la suma de todas las comisiones de todos los pagos de estos bonos que pasan a través de sus bancos. Wall Street también incluye los mercados secundarios de bonos y los mercados de derivados sobre estos bonos, como los bancos que venden swaps de derivados de bonos. La City de Londres queda en un distante segundo lugar en esta industria. Londres ha decidido que ciertas formas de litigio buitre son ilegales en sus juzgados, pero ése no es el caso en Nueva York.
Al gobierno argentino no le agradó la decisión de Griesa. Apelaron su decisión a la Corte Suprema de Estados Unidos, que rechazó escuchar el caso argumentando que no deseaba interferir en un fallo estatal local, aunque (Argentina argumentó) uno con implicaciones internacionales. Argentina remitió la cuestión a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya (Den Haag), Países Bajos. Los Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI por lo que esta medida tendrá poco impacto real. A principios de septiembre de 2014, Argentina y Bolivia llevaron el asunto a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea de la ONU adoptó la resolución “Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana” (documento A /68 /L.57/Rev.1). 124 países votaron a favor, 11 en contra y hubo 41 abstenciones. Karel Jan Gustaaf van Oosterom, el Representante Permanente holandés ante las Naciones Unidas, comentó que la resolución “brindó apoyo político a la Corte Penal Internacional y la labor que llevó a cabo, al tiempo que subraya la importante relación entre la Corte y las Naciones Unidas”. ”El texto también sirvió para recordarle al mundo de la necesidad de cooperar con la Corte para asegurar su funcionamiento eficaz”, añadió van Oosterom[2].
En Argentina también se promulgó una ley local en septiembre llamada la “Ley de Pago Soberano”. Esta ley altamente politizada priorizó pagos de la deuda, pero afirmó el derecho de ajustar la soberanía sobre estos pagos. A pesar de que la nueva ley dispone que se nombre una comisión para analizar la deuda, no se llegó a incluir una auditoría nacional sobre la deuda. Los peritos de la deuda argumentan que no asignaron tiempo suficiente a la comisión para completar un análisis tan complejo. El juez español Baltasar Garzón (ex asesor de la corte de La Haya) respaldó la ley, elogiándola como “esencial” y un “correcto ejercicio de la soberanía parlamentaria”.
¿Por qué tanta algarabía?
Entonces, ¿por qué una decisión tomada por un juez neoyorquino de ochenta y dos años le ha alterado los nervios a todo un país y al mundo financiero global? ¿Por qué un pequeño incumplimiento de un bono latinoamericano está en los titulares de los diarios de todo el planeta? ¿Por qué es que el ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz escribió que el juez Griesa ha “arrojado una bomba en el sistema económico mundial”? También, y posiblemente más importante aún, ¿por qué le importa a Argentina que por estar en desacato van a perder acceso a los mercados internacionales de bonos cuando no tienen acceso a estos mercados de todos modos desde el 2002?
Para descubrir el significado de la crisis de incumplimiento de Argentina, vale la pena darle un vistazo a los orígenes de esta deuda nacional y en qué se gastaron estos fondos prestados. También es útil tener en cuenta que el incumplimiento del 2014 es consecuencia directa de otro incumplimiento (mucho más grande) en el 2002. En el 2005 Roberto Lavagna, el entonces Ministro de Economía de Argentina,[3] reestructuró el incumplimiento de 2002 mediante la oferta de un intercambio de nuevos bonos por bonos viejos en “default”. Al detener los pagos por esta deuda reestructurada (con ratificación del 92%), que se ha pagado puntualmente durante casi diez años, el Juez Griesa ha creado otro pánico de la deuda soberana.
El origen de la deuda
La deuda soberana argentina ha tenido una larga y dolorosa historia desde el primer préstamo millones de libras esterlinas concedido por Baring Brothers (un banco de Londres) al Presidente Rivadavia en 1822, pero la historia actual de la deuda argentina comienza después de la revolución cubana de 1960. A esta le siguieron insurrecciones en varias naciones de América del Sur. Algunas rebeliones tuvieron participación directa de Cuba, como la fallida revolución en Bolivia, donde fue asesinado Ernesto (Che) Guevara. EE.UU. lanzó varias contraofensivas anticomunistas apoyados por la CIA para contener el auge del socialismo en el continente americano. Las medidas incluyeron el Proyecto Cóndor, una red telefónica internacional en Panamá utilizada para coordinar las fuerzas contrarrevolucionarias entre gobiernos amigos. También hubo un amplio apoyo logístico, material y monetario para los varios golpes de estado. En América del Sur los golpes más significativos comenzaron con el golpe de 1964 en Brasil (Goulart/Castelo Branco), pero el ritmo se aceleró en la década de 1970 con Bolivia (1971, Torres/Banzer), Chile (1974, Allende/Pinochet), y el más sangriento de todos ellos, en 1976 en Argentina, donde Isabel Perón (esposa de Juan Perón) fue derrocada por la junta de los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola. Fueron desaparecidos decenas de miles de argentinos.
Aunque los asesinatos y desapariciones comenzaron durante el mandato de Perón, los años más sangrientos de la represión sin duda alguna fueron durante el reinado de la Junta Militar entre 1976 y 1979, lo que resultó en un aumento en los costos de seguridad para el gobierno militar ilegal. Estos costos incluyeron los costos directos de armar a los escuadrones de la muerte argentinos para su represión sangrienta, terror estatal dirigido al propio pueblo argentino. Sin embargo, aún más caros fueron los subsidios económicos creados por la junta para comprar favores de empresas nacionales e internacionales en Argentina. Este ejercicio de relaciones públicas costó $14 mil millones [4] en deuda condonada a las empresas privadas, condonación que se convirtió en deuda pública soberana. Los expertos acuñaron un término para este fenómeno: La estatización de la deuda privada, también conocido como “la socialización de la deuda privada”. También hubo gastos militares directos incurridos en la preparación para la guerra de las Malvinas/Falklands, desglosados más adelante.
Mientras los escuadrones de la muerte estaban acorralando a las primeras decenas de miles de argentinos para torturarlos y asesinarlos en campos de concentración secretos, los préstamos de los organismos multilaterales, incluyendo los primeros préstamos de estabilización del FMI, estaban llegando a pocos días del golpe, y ayudaron a mantener a la junta a flote. Estos préstamos iniciales fueron facilitados con eficiencia neoclásica extrema por el primer Ministro de de Economía de la junta, José Alfredo Martínez de Hoz, apodado ‘Joe’.
Joe era un banquero de J.P. Morgan y amigo personal de David Rockefeller. Muchos también creen que Joe fue influyente en la planificación del golpe de 1976. Murió bajo arresto domiciliario en 2013. La deuda nacional argentina nunca se recuperó de los préstamos de la Junta Militar, los cuales multiplicaron la deuda de 1976 de $9.700 millones a $45.000 millones en 1983. A pesar de varios intentos legales y políticos, los gobiernos posteriores nunca llegaron a realizar una auditoría de esta deuda odiosa. Raúl Alfonsín, el primer presidente elegido democráticamente después de que la Junta entregó el poder, planteó preguntas sobre este tema, pero no se abordaron. Una extensa investigación judicial por el juez argentino Ballesteros halló muchos problemas legales, pero los gobiernos posteriores (incluyendo los dos últimos gobiernos Kirchner) también han optado por no abrir la caja de Pandora de la corrupción argentina. Han evitado de este modo incluso la transparencia retroactiva ya que le han impedido a los contribuyentes argentinos poder saber cómo se devengó su deuda, y así verificar su legitimidad. Un ejemplo clásico de la deuda odiosa es una deuda contraída por una junta militar para comprar armas para subyugar al pueblo, pero en el caso argentino también están los costos asociados con la guerra de las Malvinas/Falklands.
Foto de Martínez de Hoz y David Rockefeller (Crédito: Sitio web oficial de Martínez de Hoz” class=”alignnone size-medium wp-image-46″ width=”300″ height=”198″>
Foto de Martínez de Hoz y David Rockefeller (Crédito: Sitio web oficial de Martínez de Hoz
En la preparación para la guerra con el Reino Unido, la Junta Militar compró material militar avanzado. Este consistió en armamentos comprados de muchas naciones, incluyendo misiles Exocet franceses, cinco de los cuales fueron entregados antes de la guerra. Una Investigación del 2012 [5] por Nick Dearden y Tim Jones, de la Campaña de Deuda Jubileo Reino Unido, analizó la compra de armas del Reino Unido por parte de Argentina durante el período más sangriento de la Junta. Sus conclusiones indican que:
Parte de este material militar se utilizó posteriormente en la guerra de las Malvinas/Falklands de 1982. La guerra en el Atlántico meridional en sí fue un desesperado intento de reforzar el apoyo a la Junta en la medida en que se corría la voz acerca de las violaciones de derechos humanos y se derrumbaba la economía argentina. Al principio la contienda tuvo éxito en ocasionar fervor nacionalista entusiasta en Argentina, pero incluso este apoyo a la Junta se desmoronó en 1983 después de que Argentina perdió la guerra con el Reino Unido. Aunque la deuda incurrida en estas compras militares por una junta militar ilegítima claramente es candidata para cancelarse, ya que constituye deuda odiosa, el Gobierno argentino en 2014 aún no está dispuesto a auditar esta deuda odiosa.
Tras el golpe de Estado, las políticas desastrosas del protegido de Joe, Domingo Felipe Cavallo, combinado con el aumento de las tasas de interés sobre los préstamos en dólares en la década de 1980, inflaron la deuda de Argentina por encima de $100.000 millones. Durante las próximas administraciones, la hiperinflación culminó en el experimento malogrado de Argentina en la estabilización de la moneda. El “plan de convertibilidad” fijó el peso argentino al dólar en paridad (un peso por un dólar). Al derrumbarse el plan de convertibilidad de Cavallo, en el 2002 el peso se devaluó durante el colapso financiero que resultó, el cual devengó en 34 manifestantes muertos en las calles y cuatro presidentes derrocados en sólo una semana.
Reestructuración
En el 2003, cuando Roberto Lavagna estaba trabajando en el ministerio exterior de Argentina en Europa, lo llamaron y le ofrecieron el puesto de Ministro de Economía. Aceptó el cargo, reestructuró y renegoció la deuda, pero se abstuvo de solicitar una auditoría. El plan de canje de bonos de Lavagna logra finalmente más del 92% de aceptación, dejando sólo al 7,8% de los titulares de bonos como “holdouts”, llamados así porque se resistieron a aceptar la oferta de reestructuración de deuda de Lavagna. Esta minoría no se vio obligada a aceptar la decisión de la mayoría debido a que los contratos de los bonos carecen de una cláusula de acción colectiva (CAC). Sin embargo, los gobiernos subsiguientes optaron por continuar el reembolso total de toda la deuda renegociada de Lavagna, sin pagar nada a los fondos buitres. En estos días, no llegar a un acuerdo con los holdouts parece ser resistencia intolerable del gobierno a los mercados de deuda privada. De ahí la demanda.
La decisión de Griesa de bloquear los pagos al 92% de los titulares de bonos fue concebida como un mecanismo para forzar el pago en su totalidad al 7,8% restante de los holdouts. La decisión de Griesa ha ocasionado un segundo incumplimiento de los bonos reestructurados ya que los pagos se han visto obstaculizados.
¿Qué sigue?
A pesar de su victoria legal, los fondos buitres han jugado la carta de incumplimiento y han perdido porque no les han pagado. Argentina está dispuesta a pagarles, pero no en las cantidades exigidas por los fondos buitres.
El lunes 29 de septiembre, 2014 el juez Griesa dictaminó tras una audiencia rápida que Argentina está en desacato del Juzgado Federal del Distrito Meridional de Nueva York, y agregó que determinará las sanciones más tarde. Los buitres han pedido $50.000 por día. Griesa señaló que el intento de Argentina de eludir el bloqueo efectuado por su fallo sobre los pagos al 92% en el Banco de Nueva York Mellon era una “propuesta muy concreta que violaría claramente su orden de prohibitiva”. La reacción en Buenos Aires fue feroz indignación por parte de la Presidenta Christina Fernández de Kirchner, quien se enfrenta a menguante popularidad y una elección en el 2015. El embajador argentino describió la decisión como un “absurdo jurídico”.
El gobierno desde entonces se ha vuelto hacia adentro de sus fronteras y ha depositado fondos en el banco argentino Nación Fideicomisos. De ese modo pretende cumplir con sus pagos de deuda soberana al 92% de acreedores que estuvieron de acuerdo en acatar la reestructuración, apaciguando a estos acreedores y al Club de París. En Argentina las voces políticas de la izquierda (y algunas de la derecha) están pidiendo una auditoría de la deuda por que no quieren pagarle nada a los buitres. El gobierno ha considerado ofrecerle a los buitres lo que los otros 92% de los titulares de bonos han recibido, pero los buitres han rechazado esa oferta, que podría considerarse bastante generosa en esta etapa. Los buitres solo siguen haciendo lo que hacen los buitres, insistiendo en el pago completo en mora de vuelta, más los pagos de intereses.
Joseph Stiglitz le pidió a la ONU que interviniera [6] y sus llamadas no han caído en oídos sordos. Los banqueros y otros interesados privados estadounidenses han pedido cambios legales a los futuros contratos de bonos para evitar que este tipo de situación vuelva a ocurrir. La propuesta [7] conlleva un enfoque de mercado, sin la participación del público ni a nivel nacional ni de las Naciones Unidas, ni siquiera cuando se trate de deuda pública (soberana). La propuesta es simplemente añadir cláusulas CAC obligatorias a futuros contratos de bonos para que los holdouts se vean obligados a aceptar un acuerdo de reestructuración en que 75% o más de los acreedores acepten.
El gobierno argentino no puede permitirse el lujo de pagar a los holdouts ahora, al menos no hasta el final del año cuando las cláusulas de “derechos en caso de ofertas futuras” (RUFO, por sus siglas en inglés) caducan. Por ende, la situación de estancamiento, litigio y posicionamiento político continúan. El gobierno de Estados Unidos probablemente no va a consentir a la jurisdicción de la CPI, o hará cortésmente caso omiso de la petición argentina. La resolución de la ONU es importante, incluso podría ser considerada histórica, pero a nivel práctico aún no está regulada y no es vinculante. Es, sin embargo, un comienzo esperanzador. Como era de esperar la mayoría de los estados con inversores prestatarios (principalmente bancos y fondos), incluyendo EE.UU., votaron en contra de la medida, pero los estados de América Latina votaron a favor con la excepción de México. El intento legislativo argentino de controlar la jurisdicción de los bonos de deuda soberana argentina es sensato, pero lleno de complicaciones legales.
El gobierno de Estados Unidos podría resolver el problema Griesa internamente, notando los escritos amicus presentados por el gobierno argentino y la Asociación de Bancos de América en el caso de la Corte Suprema al que no se le otorgó certiorari. Pero, por el momento, han elegido no hacer nada. A pesar del litigio sin precedentes, el gobierno estadunidense podría intervenir para destapar los pagos de intereses detenidos y poner fin al desacato, y así evitar posibles daños a las empresas bancarias lucrativas de Wall Street mediante la protección de los cientos de miles de millones en pagos de la deuda soberana que pasan a través de los bancos de EE.UU. en dólares estadounidenses al mes. Puede ser relevante para entender la inacción del gobierno de Estados Unidos que Paul Elliott Singer tiene gran influencia política en el país[8]. El Sr. Singer es el fundador y director ejecutivo del fondo buitre NML Capital Ltd. (una filial de Elliott Management), uno de los litigantes principales en el caso argentino/Griesa. Otro litigante principal es Kenneth Dart, una vez el hombre más rico de Michigan pero ahora un exiliado que debe impuestos en EE.UU. Este nuevo ciudadano irlandés dirige el fondo buitre llamado EM Ltd. Con demandas contra Argentina en el litigio de más de $700 millones.
Dando un paso atrás de este pequeño impago de la deuda de holdout de Argentina para ver el panorama general, uno tiene que preguntarse: ¿por qué este énfasis perjudicial en Argentina? El yugo de enormes endeudamientos yace sobre los hombros de muchas de las naciones del primer mundo, como EE.UU., Japón y muchos países periféricos en Europa. Los impagos de esas deudas representan una amenaza mucho más grande (y mucho más peligrosa) a los titulares de bonos financieros privados. Por ejemplo, ¿cómo se podría reestructurar un incumplimiento de pagos estadounidense?
Una interpretación de este litigio es que puede representar un reto tardío a la reestructuración argentina de Roberto Lavagna del 2005. Si esa es la intención, entonces este fallo de Griesa inusualmente restrictivo podría considerarse una advertencia a otros países endeudados más grandes que tratar de reestructurar la deuda soberana es inútil ya que los especuladores de la deuda intentarán hundir tales intentos al fin y al cabo.
Conclusión
La Junta Militar argentina expandió la deuda nacional, parte de la cual es fraudulenta y parte ilegítima. Posteriormente la mala gestión y corrupción, junto con altísimas tasas de interés, abarcaron distintas administraciones (a menudo con Domingo Cavallo como ministro de Economía) entre 1983-2002. La explosión resultante de la deuda provocó el incumplimiento del 2002, que Roberto Lavagna luego reestructuró en el 2005. Esta reestructuración fue aceptada por la mayoría, pero la minoría de holdouts entabló un pleito que se ha extendido por una década contra esta reestructuración. El Juez Griesa decidió finalmente a favor de los holdouts, imponiendo un bloqueo (por falta de pago en su totalidad a los buitres), que detuvo los pagos a la mayoría que había aceptado la oferta de la deuda reestructurada. Esto forzó otro incumplimiento técnico que nos lleva al día de hoy y al lío al que hoy se enfrenta Argentina.
Cualquiera que sea el resultado final de esta decisión de Griesa, una cosa está clara sin duda, y es que nada de esto hubiera sido posible si Joe no hubiera optado por emitir bonos argentinos bajo la jurisdicción legal del Distrito Meridional del Juzgado Federal de Nueva York. Uno se pregunta cuántos países más optarán por evitar esta jurisdicción en el futuro si esta anomalía legal no se limpia, y rápidamente.
Fotos: Bruno Busnelli
Tony Phillips, Argentina, es un economista ecológico irlandés que vive en Buenos Aires. Escribe sobre la deuda, el desarrollo y el poder del sector financiero. Se especializa en asuntos ecológicos relacionados a las finanzas internacionales y en la integración regional de América Latina (MERCOSUR/UNASUR). Es analista y traductor con el Programa de las Américas. Gran parte del trabajo de Tony se publica en http://ProjectAllende.org. Su libro meas reciente “Europe on the Brink; Debt Crisis and Dissent in the European Community” más información http://EuropeOnTheBrink.com.
NOTAS:
[1] La Troika es la hidra de tres cabezas del multilateralismo europeo. Incluye a la Comisión Europea (La Comisión), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
[2] Nota de prensa de la ONU: http://www.un.org/News/Press/docs/2014/ga11542.doc.htm
[3] El autor es el Editor de un libro reciente sobre la crisis de la deuda soberana en Europa titulado “Europe on the Brink; Debt Crisis and Dissent in the European Periphery”, publicado por Zed Books (2014). Incluye capítulos por el Ministro de Economía argentino Roberto Lavagna, quien creó el swap de deuda argentina en el 2005, y el ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz; http://www.zedbooks.co.uk/paperback/europe-on-the-brink disponible en EE.UU. mediante Palgrave/McMillan http://www.palgrave.com/page/detail/europe-on-the-brink-tony-phillips/?K=9781783602148
[4] Para más información acerca de cómo esta deuda fue generada por el Ministro de Hoz y sus sucesores, véase el estudio propio del autor publicado aquí: http://www.projectallende.org/deuda/www-deuda/mdeh.pdf
[5] Comunicado de prensa: http://jubileedebt.org.uk/press-release/argentina-still-owes-uk-dictator-debt-falklands-arms
[6] Para más información sobre la iniciativa de Stiglitz y Solow para traerla intervención de las Naciones Unidas véase http://lainfo.es/en/2014/08/29/nobel-laureates-call-on-un-convention-on-sovereign-debt/
[7] Para más información sobre la iniciativa bancaria privada, véase el siguiente video del Financial Times: http://video.ft.com/3763338111001/Hunkering-down-the-holdouts/Markets
[8] Profile: Argentina’s nemesis, hedge fund manager Paul Singer, Simon Goodley, The Guardian http://www.theguardian.com/business/2014/jul/31/paul-singer-hedge-funds-argentina
